Menem y Milani, entre las causas judiciales que más inquietaron al Gobierno durante 2013

20131225-103426.jpg

¿Qué tienen en común el vicepresidente Amado Boudou, el empresario Lázaro Báez, el ex funcionario Ricardo Jaime, el ex mandatario Carlos Menem, el jefe del Ejército, César Milani, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno? No son sus lazos con el kirchnerismo. Tampoco, sus vínculos con las aéreas de poder más sensibles. Menos, sus cuestionados pasos por la función pública. El 2013 los unió en el lugar menos deseado (o esperado): los tribunales de la Justicia. Todos ellos protagonizaron las causas judiciales más resonantes de los últimos doce meses, según un raconto elaborado por La Nación.

Más allá de los nombres personales involucrados en algunos de los expedientes que más inquietan a la Casa Rosada, el Gobierno encontró este año definiciones clave en sus principales batallas judiciales: el fallo de la Corte Suprema a favor de la constitucionalidad de la ley de medios, la lanza del oficialismo para “desguazar” al Grupo Clarín, y el rechazo del máximo tribunal a la reforma de la Justicia, impulsada por Cristina Kirchner. Además, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, declaró “improcedente” el recurso de amparo presentada por la comunidad judía contra el memorándum de entendimiento firmado entre la Argentina e Irán para investigar el atentado a la AMIA.

El intenso año judicial se reservó el desenlace de una causa emblemática para el final: la Justicia absolvió anteayer al ex presidente Fernando de la Rúa y a todos los acusados en el escándalo por el presunto pago millonario de sobornos para aprobar la ley de reforma laboral, en el año 2000.

Lázaro Báez, el comodín

El nombre de Lázaro Báez, el principal beneficiario de la obra pública en la Patagonia, ascendió en abril pasado por las escalinatas de los Tribunales de Comodoro Py, tras una denuncia por presunto lavado de activos efectuada en el programa televisivo Periodismo para Todos . El juez federal Sebastián Casanello tomó las riendas del caso para investigar la supuesta ruta de dinero que pasó por la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, por donde se sospecha que se giraba al exterior dinero del empresario kirchnerista.

El empresario kirchnerista también integró las fojas de otros expedientes judiciales vinculados con supuestos hechos de corrupción. El fiscal federal José María Campagnoli, ahora suspendido por su actuación en el caso, pidió su declaración indagatoria por presunta extorsión contra Federico Elaskar, quien había denunciado presiones de Báez para vendiera la financiera SGI.

En medio del avance de las investigaciones periodísticas, la diputada nacional Elisa Carrió denunció que el dueño de Austral Construcciones tenía bóvedas con dólares, armas y documentos en su chacra de Río Gallegos. Tras un conflicto de competencias, el expediente se unificó con la causa que lleva adelante Casanello.

Pero un nuevo capítulo judicial que tiene al empresario patagónico como protagonista se inició antes de que finalizara el año. Luego de que LA NACION revelara los negocios de Báez con los hoteles del matrimonio Kirchner, se abrió un expediente en la Justicia por presunta evasión tributaria de las firmas Austral Construcciones SA e Idea SA.

Boudou, complicado por el Caso Ciccone

Cada vez más complicado en el Caso Ciccone, el vicepresidente Amado Boudou tendrá pocos motivos para brindar con su novia, Agustina Kampfer. El ex ministro de Economía sufrió un revés tras otro en los tribunales de Comodoro Py. Durante el 2013, el juez de la causa, Ariel Lijo, primero, y la Cámara Federal, después, rechazaron su pedido de sobreseimiento en el caso. Además, la Cámara de Casación rechazó el planteo de nulidad que hizo Alejandro Vanderbroele, el supuesto testaferro del presidente del Senado.

En el último mes del año, las revelaciones de la familia Ciccone, dueña de la ex calcográfica a la que habría beneficiado el ex ministro de Economía, complicaron aún más su situación judicial.

Ricardo Jaime, revés tras revés

Cuando levante su copa, Ricardo Jaime sabrá que no fue un año más para él. Durante el transcurso de 2013, el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, estuvo prófugo una semana, se convirtió en un habitué de los tribunales de la Capital Federal y de la provincia de Córdoba y, como corolario, fue condenado a seis meses de prisión por ocultar pruebas.

Jaime estuvo cerca de ser el primer funcionario kirchnerista en ir a prisión. El juez Claudio Bonadio procesó en julio pasado al secretario de Transporte y dispuso su prisión preventiva por una presunta estafa vinculada con la administración de un contrato para realizar mejoras en el ferrocarril Belgrano Cargas. Sin embargo, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, revocaron su captura y dispusieron su exención de prisión.

Bajo el sol primaveral en las sierras cordobesas, Jaime escuchó su primera condena respecto del abanico de causas que enfrenta en la Justicia. El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) de Córdoba, lo condenó a seis meses de prisión en suspenso por el delito de sustracción de documentos, en una investigación por enriquecimiento ilícito.

Jaime, además, enfrenta una veintena de causas por corrupción. ¿Las más avanzadas? Las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito y presunto delito de dádivas y los cargos que se le imputan por la tragedia ferroviaria en la estación Once -el caso está cerca del juicio oral-. El ex funcionario, además, sumó este año un nuevo expediente a su cosecha personal: el fiscal federal Carlos Rívolo pidió que sea indagado por el delito de peculado. Según Rívolo, el ex funcionario utilizó como si fuera su dueño dos automóviles que estaban destinados al control de obras públicas.

Gils Carbó, investigada por designaciones irregulares

En mayo pasado, el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien investiga a Báez por supuestas maniobras de lavado de dinero, denunció a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, su jefa, por el presunto nombramiento ilegal de fiscales interinos y “ad hoc”. Luego de que Casanello cerrara el expediente, la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa.

El caso generó una interna feroz entre Gils Carbó y Marijuan. El fiscal pidió su declaración indagatoria por las designaciones, mientras que la procuradora general lo recusó y lo acusó de “arbitrario y parcial”.

Días atrás, Casanello rechazó la recusación presentada por la jefa de los fiscales y confirmó a Marijuan para que la investigue por la designación irregular de Carlos Gonella al frente de la Procelac. Al mismo tiempo el magistrado sobreseyó a la funcionaria judicial por el nombramiento de otros 44 fiscales subrogantes y ad hoc y a los propios designados.

El fiscal que investigó a Lázaro Báez, suspendido

El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público suspendió días atrás al fiscal José María Campagnoli, cuestionado por Gils Carbó por su actuación durante la investigación contra Lázaro Báez. La decisión generó el inmediato rechazo de todo el arco opositor y de los representantes del Poder Judicial. Campagnoli no se quedó de brazos cruzados y presentó un recurso de amparo para que se levante la suspensión en su contra. La Justicia rechazó el pedido.

El mismo tribunal que lo suspendió deberá decidir el año próximo si lo destituye definitivamente.

Graves denuncias contra Milani

La designación de César Milani como jefe del Ejército estuvo signada por la polémica. Poco después de que Cristina Kirchner impulsara su ascenso como teniente general, surgieron las primeras denuncias por su presunta vinculación con la represión ilegal durante la última dictadura militar.

Milani está acusado de participar en la detención ilegal y secuestro de Ramón Olivera y su padre en La Rioja. En tanto, la familia de Oscar Schaller responsabilizó al jefe del Ejército de la privación ilegítima del periodista riojano. También está denunciado por la desaparición forzada del conscripto Alberto Ledo, en abril de 1976, durante el Operativo Independencia.

Además, Milani debe lidiar en los Tribunales con una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, que se originó a raíz de la denuncia de algunos dirigentes de la oposición

Menem y una condena histórica

Recluido en su tierra natal, Carlos Menem no guardará los mejores recuerdos del 2013. El riojano se convirtió en el primer presidente constitucional argentino en recibir una pena de prisión por un hecho grave de corrupción. En marzo pasado, la Cámara de Casación Penal condenó al ex mandatario como coautor del contrabando de armas a Croacia y a Ecuador. Meses después, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 fijó la pena para el ex presidente: siete años de prisión. Además, condenó a cinco años y medio al ex ministro de Defensa, Oscar Camilión.

La sentencia se hará efectiva cuando el fallo quede firme, ya que la defensa de los acusados presentó una apelación. El ex jefe de Estado fue condenado tras 18 años de investigación por el envío ilegal de 6000 toneladas de armas del Ejército a Ecuador y Croacia durante la década del 90.

La alianza de Menem con el kirchnerismo en el Senado fue un escudo de protección para el ex presidente ante los pedidos de desafuero que realizó la oposición.

Guillermo Moreno, procesado

Desde su “exilio político” en Italia, Guillermo Moreno no hará un buen balance de su año. No sólo se produjo su salida del Gobierno -renunció como secretario de Comercio Interior- sino que, además, la Justicia lo procesó por sus abusos en defensa de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El juez federal Claudio Bonadio entendió que el por entonces secretario de Comercio aplicó “fortísimas multas” a consultoras privadas que medían la inflación con el único propósito de “silenciarlas”.

Días atrás, el fiscal Ramiro González pidió que Moreno vaya a juicio oral y público en la causa que se inició en 2011 a raíz de una denuncia del ex viceministro de Economía y titular de Finsoport, Jorge Todesca.