Editorial de La Nación: Acelerada e inexplicable expropiación de un banco

canvasEl gobierno de la provincia de La Rioja expropió inesperadamente, y en un proceso inusualmente acelerado, las acciones privadas controlantes del Nuevo Banco de La Rioja (NBLR). Éstas constituyen el 70 por ciento del capital y son propiedad del Banco de Santiago del Estero, el cual es íntegramente privado. El procedimiento requería la intervención del Poder Legislativo provincial. Contando con una amplia mayoría en la Legislatura, el gobierno de Luis Beder Herrera logró su tratamiento sobre tablas y la inmediata aprobación y sanción de la ley enviada por el Poder Ejecutivo provincial. El argumento formal fue que el NBLR había incumplido algunas cláusulas del contrato de concesión en el otorgamiento de créditos para la producción y el comercio. Sin embargo, las autoridades del banco negaron esa circunstancia y aportaron información para desmentirla. Por otro lado, los representantes del gobierno provincial y el propio Poder Ejecutivo habían aprobado los balances del banco sin observaciones y sin señalar incumplimientos que pudieran causar una medida como la ahora adoptada.

Pocos días antes de que esto ocurriera, el NBLR había presentado al Banco Central un reporte de varias operaciones encuadradas en las exigencias de información por la eventualidad de lavado de dinero. Lo hizo adecuándose a ciertos controles exigidos sobre los movimientos de fundaciones, entidades civiles y cooperativas, que la autoridad monetaria dispuso a partir del 1° de mayo del corriente año. Dentro de ese conjunto, 15 entidades habían recibido subsidios por 570 millones de pesos en el último año y medio y habían retirado del banco unos 300 millones en efectivo. Algunas de ellas tenían relación con funcionarios del gobierno provincial.

La semana pasada, el Banco Central autorizó con llamativa celeridad la transferencia de las acciones dispuesta por la vía de la expropiación, Incluso antes de que esta decisión hubiera tenido lugar, el gobierno provincial designó un gerente que fue resistido por la dirección del banco, que no abandonó sus posiciones. Llevada la cuestión al plano judicial, la provincia se favoreció con una medida cautelar de la Cámara Segunda Civil y Comercial. En respuesta, el directorio presentó un recurso de casación para impedir la efectiva toma de posesión oficial.

Todo parece indicar que esta expropiación constituye una medida del gobierno provincial que no responde a una definición doctrinaria sobre la propiedad estatal o privada del banco. Tampoco se puede justificar en incumplimientos o en una situación patrimonial que amerite el desplazamiento de los actuales accionistas en defensa de los depositantes, el mayor de los cuales es justamente el gobierno local.

Cabe, por lo tanto, la sospecha de que lo dispuesto, y particularmente el apresuramiento, tenga que ver con determinados movimientos de fondos que no desean exponerse ante los organismos de control. Esta sola presunción hace imprescindible una profunda investigación con intervención de fiscales y jueces independientes. Y no debe olvidarse que el gobierno riojano forma parte activa del oficialismo a nivel nacional.

Editorial del diario La Nación