La Nación estima que en abril se distribuirán las tarjetas alimentarias en La Rioja

El Ministerio de Desarrollo Social viene esquivando el ajuste. Al contrario: ya excedido del presupuesto -prorrogado del año pasado- recibió un flujo de reasignación de partidas del Tesoro en el marco de la emergencia social.

El Gobierno cerró febrero con 922.497 mil tarjetas alimentarias entregadas y buscará cubrir el resto -unas 1.400.000 para llegar a 2.800.000 beneficiarios- entre marzo y los primeros días de abril.

La incógnita, que se definirá en los próximos días, será el margen de recursos que tendrá la cartera conducida por Daniel Arroyo para otros dos anuncios con la mirada un paso más allá de la urgencia del hambre: créditos para maquinarias destinados a desocupados y el relanzamiento del Plan Empalme, para intentar vincular la asistencia al trabajo.

Funcionarios del ministerio pasaron los datos a la Casa Rosada para que funcionen como insumos al discurso de Alberto Fernández en el Congreso, acaso una de las contadas áreas con iniciativas ya puestas en marcha de manera concreta en los primeros casi 100 días de gestión. Arroyo mantuvo una reunión el viernes con María Migliore, su par porteña, para avanzar en el convenio con la Ciudad y entregar 41 mil tarjetas en el distrito.

El reparto seguirá en el interior bonaerense, Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis.

Cuatro provincias (Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego) quedarán para abril, aunque las tarjetas tendrán cargado el importe de marzo. Se trata de $4.000 y $6.000 para los padres con dos o más chicos, una cifra podría ser actualizada en junio, de acuerdo con la inflación. Se estima que demandará unos 70 mil millones de pesos en el año, según Clarín.

Integrantes del Gabinete señalaron a Martín Guzmán como el responsable de la parálisis de proyectos por el ajuste fiscal dispuesto por el ministro de Economía, a la espera del resultado de las negociaciones por la deuda. Arroyo adjudicó la excepción en su área a la decisión política del Alberto Fernández. El Gobierno cerró enero con rojo fiscal, atribuido en Economía a la “mayor inversión social” por la entrega de las tarjetas y el bono de $5000 a los jubilados. Por la eliminación de la fórmula de movilidad, el Gobierno ahorró unos $5.100 millones por mes.

La tarjeta sirve para comprar alimentos y bebidas -excepto alcohólicas- y cada viernes llega al Ministerio un informe con el detalle de los consumos. Hasta el momento las familias destinaron un 58,3% a leche, carne, frutas y verduras, lo recomendado en términos de nutrición. Cerca de Arroyo estimaron que el programa tendrá impacto para bajar los índices de indigencia y en menor medida de pobreza, lo que en buena medida también dependerá de la evolución de los precios de los alimentos. Una vez implementada en su totalidad la tarjeta alimentaria abarcará el 80% de la población vulnerable: el otro 20% corresponde a zonas rurales y será asistido con módulos alimentarios.

Al margen de la emergencia, el Gobierno busca mostrar iniciativas para vincular la asistencia social al trabajo y arrancó en esa línea con el lanzamiento del Concurso Potenciar para entregar 500 kits de maquinaria en construcción, jardinería, cocina y textil a mayores de 40 años desocupados. En los primeros días ya se habían anotado 3166 pedidos. Para explicar la limitada oferta, ampliamente superada por la demanda, Arroyo aclaró que se trata de máquinas que quedaron sin repartir de la gestión de Mauricio Macri y que funcionará como un primer paso de otras medidas para asistir con equipamientos de trabajo.

Ahora el Gobierno analiza el presupuesto -y en consecuencia la escala- que destinará para lanzar en marzo créditos no bancarios para quienes no tengan trabajo formal también orientados a la compra de maquinarias, insumos o bienes de capital. Será a una tasa de entre el 2% y el 3% anual, a 36 meses, con un esquema de tutores, con estudiantes de los últimos años de carreras técnicas, para asesorar en el proyecto y la compra de equipos, el uso de las máquinas y el seguimiento del pago. 

Y a la vez prepara el relanzamiento del plan Empalme, para que los $8.500 que cobran los beneficiarios de programas sociales -unas 600 mil personas- queden incorporados al sueldo y que alcancen como piso los $17.000 del salario mínimo, vital y móvil en caso de que lo contrate el Estado o un empleador privado. El Gobierno busca también avanzar con convenios de capacitación con gremios, como el convenio con la UOCRA para la refacción de unas 2.000 escuelas. Ese programa también dependerá de si se destraba el freno a la obra pública en los próximos meses. El ministerio conducido por Gabriel Katopodis funciona como un potencial contratante del plan Empalme.