A casi 20 años del inicio de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, denuncian otro inmueble de Carlos Menem

El expediente inició en la justicia federal hace casi veinte años. Carlos Menem había finalizado su último mandato presidencial hacía pocos meses. Entonces, el electo vicepresidente Carlos Chacho Álvarez dio la orden de que se radique la denuncia para que la justicia investigue el supuesto enriquecimiento ilícito del riojano. Ahora Manuel Garrido -ex fiscal de Investigaciones Administrativas y titular de la Oficina Anticorrupción en 2003- pidió ante la jueza María Eugenia Capuchetti que incorpore un inmueble más a la pericia que inició a fines del año pasado.

Aunque suene increíble, fue recién cuando la jueza Capuchetti se hizo cargo del juzgado que perteneció a Roberto Oyarbide, que se ordenó una pericia sobre el patrimonio de Carlos Menem, su ex esposa Zulema Yoma y su hija Zulemita.

Los avances del trabajo se conocerían en el transcurso de este mes. Pero recientemente, el ex fiscal Garrido presentó una nota ante el Juzgado 5 donde señala que podría ser de “relevancia para la investigación” la supuesta existencia de otra propiedad en el patrimonio de Menem, denunciada en otra causa a cargo de la jueza María Servini.

Capuchetti pidió que se le remita el expediente mencionado por Garrido, para enviarlo al cuerpo de peritos que realizan el análisis patrimonial del ex presidente Menem.

La causa tuvo su laberíntico recorrido en Comodoro Py. En 2013, la Cámara Federal porteña rechazó el pedido de la defensa de Menem para archivar el caso, que investigaba al ex presidente por presunto enriquecimiento ilícito derivado de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, por el que Menem fue condenado a siete años de prisión, aunque el año pasado la Cámara de Casación terminó absolviéndolo bajo el argumento de que se había vencido el “plazo razonable” para ejecutar esa pena. El proceso judicial llevaba para entonces 23 años.

Bajo la premisa de que parte del dinero que se pagó por aquella venta ilegal de armas habría ido engrosar el patrimonio de Menem o de su entorno, la jueza Capuchetti ordenó la pericia que esclarecería aquella sospecha. La fiscal del caso es Paloma Ochoa.

De fuentes judiciales, Clarín pudo saber que en función del tiempo estipulado que la magistrada le ordenó al cuerpo especializado que analiza el patrimonio de Menem, su ex esposa y su hija Zulemita, la pericia tiene un avance significativo y que los primeros resultados podrían ingresar en el juzgado durante el transcurso del mes.

El análisis patrimonial quedó a cargo de la DAJUDECO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación) que depende de la Corte Suprema, y abarca el período desde 2004 hasta ahora.

Los bienes denunciados

La denuncia se fundó en las supuestas contradicciones que surgen de las distintas declaraciones de bienes presentadas por Menem en los últimos años de su mandato.

En esas declaraciones juradas se observa -según la denuncia- un “vertiginoso incremento patrimonial y una incongruencia entre ellas, con bienes que aparecen y desaparecen sin causa aparente que lo justifique”.

Entre los datos presentados a la Justicia se señala que en la declaración jurada de 1991 el Presidente reconoció como propio, entre otros bienes, solamente un departamento en La Rioja. Cuatro años después declaró la posesión de tres departamentos en su provincia natal.

El dato subrayado por los denunciantes es que la fecha de adquisición de estos tres inmuebles es anterior a 1991. Según consta en la presentación, habrían sido comprados en 1962, 1986 y 1990.

Los denunciantes hace 15 años también hicieron hincapié en el supuesto incremento patrimonial del ex presidente. En su declaración de 1991, Menem declaró dos departamentos en Capital Federal y una casa en construcción, un terreno, un departamento y un loteo en La Rioja. La presentación patrimonial de 1999 detalla 26 lotes y cuatro inmuebles en La Rioja y tres departamentos en la ciudad de Buenos Aires.

El recorrido de la causa

En estos años, el expediente estuvo mucho tiempo en la Cámara de Casación Federal para analizar varios pedidos de prescripción presentados por las defensas, como también de otros planteos procesales.

Los abogados Pedro Baldi y Omar Daer, entonces defensores de Menem, habían reclamado que la investigación del supuesto enriquecimiento ya había formado parte de las causas por contrabando y por presunta omisión maliciosa en declaraciones juradas de bienes del ex presidente, y que no debía ser analizada en otro expediente. Esto fue rechazado y la causa siguió su curso.

Todo había comenzado en 1996, cuando el fiscal Carlos Stornelli le pidió al juez federal Jorge Urso (entonces instructor del caso por la venta ilegal de armas) que abra una nueva causa para investigar si por esa operación existió además un presunto enriquecimiento ilícito de Menem, sus familiares y allegados.

Ese nuevo expediente quedó radicado desde sus inicios en el Juzgado 5, que estaba a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Su única medida fue citar a indagatoria a los imputados, el 16 de febrero de 2005.

Entonces hubo un reclamo de las defensas. Aquella citación se produjo sólo seis días antes de que se cumpliera el plazo de prescripción de la causa, y los abogados adujeron que las indagatorias sólo se realizaron para impedir ese vencimiento y que el expediente pudiera seguir abierto.

El planteo fue recurrente: “se violaba la garantía constitucional de defensa y el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable”. Estas quejas fueron rechazadas y la causa no prescribió, además, porque Menem ingresó al Senado. Eso congelaba la situación.

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German La Rioja

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