Un parque eólico de 99,75 MW, ubicado en la localidad de Aimogasta, provincia de La Rioja, ha sido autorizado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) para iniciar sus operaciones comerciales, según una información difundida por el presidente ejecutivo de Vientos De Arauco Renovables SAU, Juan Fernando Carbel.
En su cuenta de Linkedin, Carbel explica que “a partir de las 0 horas del sábado 14 de marzo 2020, Cammesa notificó a Vientos De Arauco Renovables SAU, compañía del Grupo PEA SAPEM, que ha cumplido con los requisitos para el inicio comercial de su nueva planta de generación”.
Carbel asegura, además, que “con la puesta en operación de nuestra nueva planta con 38 equipos Siemens Gamesa de 2,625 MW cada uno, se pone en marcha el mayor parque con tecnología SG en Argentina”, lo cual, agrega, “significa sumar al sistema interconectado nacional más de 400.000 MWh año, equivalente al 72 % del consumo comercial de la provincia de La Rioja o el equivalente de al 63 % del consumo residencial de toda la provincia”.
“El parque eólico es equivalente al 72 % del consumo comercial de la provincia de La Rioja o el equivalente de al 63 % del consumo residencial de toda la provincia”
Por otra parte, afirma que de este modo “Parque Eólico Arauco la compañía más antigua en el sector eólico, que inició actividades en 2010, pone así en marcha su nuevo proyecto de generación, con lo que ahora suma al sistema 150 MW de potencia nominal”.
Las empresas no son simples gestores de servicios. Sus acciones repercuten en su entorno, en las vidas de sus colaboradores, en sus familias y en toda una comunidad.
LAC generó un nuevo emprendimiento con un importante impacto laboral: impulsó la construcción de una nueva Estación de Servicio en la localidad riojana de Chilecito, que está a punto de ser inaugurada.
Gracias a la apertura de esta sucursal, surgieron 40 nuevos puestos de trabajo: 30 operadores fueron contratados para llevar a cabo su construcción y 10 personas tendrán una oportunidad laboral permanente con la atención del servicio de cafetería Full y un local comercial anexo, que es una perfumería.
Se estima que abrirá sus puertas en abril, siendo así la tercera Estación LAC-YPF en Chilecito, dispuesta a brindar su asistencia a los vecinos, a los viajeros ocasionales y en ser una fuente de trabajo local. De este modo, la empresa amplía el alcance de su oferta laboral en esa ciudad de La Rioja: las otras dos sucursales- ubicadas en el centro y sobre la ruta- mantienen activos 20 puestos de trabajo cada una.
La nueva estación de servicio YPF LAC tiene un total de 1200 metros cubiertos, con islas expendedoras de combustible para vehículos livianos y pesados y un local comercial anexo, además de la cafetería Full. En esta última etapa, se están ultimando detalles de las instalaciones.
Con esta acción, la empresa confirma su compromiso con la promoción del trabajo y de las comunidades donde presta sus servicios.
Recordamos que LAC es una empresa que incluye cinco unidades de negocios: Red de Estaciones de Servicio YPF, Logística y Transporte, Mayorista de Combustibles y Lubricantes, Hormigón Elaborado y Servicios Viales, con sede en la ciudad de Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba.
Un informe de Fix SCR, la afiliada local de la agencia calificadora Fitch Ratings, señaló este jueves La Rioja está en condiciones financieras de pagar el bono que viene postergando y que la decisión de coquetear con el período de gracia es un movimiento político para inducir a los acreedores a renegociar. En su opinión, en términos generales todas las deudas de las provincias son manejables en 2020 aunque con desafíos, con la excepción de la provincia de Buenos Aires.
En el reporte, la calificadora analizó que “los sub-soberanos (provincias y municipios) se enfrentan, en el marco de la reestructuración de deuda, al dilema de cumplir o incumplir sus compromisos bajo los bonos emitidos”. En este sentido, como consignó LPO, ya Daniel Marx había advertido que para muchas provincias podían salir mejor paradas si no se plegaban a la estrategia de reestructuración o default del gobierno nacional.
Fue esa, de hecho, la estrategia utilizada por la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Neuquén pagaron todos los intereses de 2020 en tiempo y forma sin recurrir al plazo de gracia excepcional de 30 días incluido en los contratos.
Para Fitch, las provincias podrían “buscar mejores condiciones y hasta en algunos casos forzando la renegociación ante la falta de pago en tiempo y forma”, como se observó en la decisión de Kicillof de prorrogar su pedido de psotergación del vencimiento del pago del capital de BP21 hasta el último día antes del período de gracia (o “de cura”) antes de la formalización del default.
En particular, la calificadora detalló que “FIX entiende que La Rioja cuenta con los fondos necesarios para afectados para afrontar el pago y la decisión de hacer uso del período adicional obedece a la búsqueda de renegociación con los inversores”.
En su opinión, “una renegociación de la deuda inducida bajo la falta de pago habla negativamente de la voluntad de pago del emisor”, lo que se manifestará en una menor calificación de la deuda incluso si cumple efectivamente con el pago.
“En dichos casos, si se cumple con el pago de la deuda dentro dentro del período de gracia, implica que el emisor evita el incumplimiento, la calificación subirá pero difícilmente vuelva a sus niveles originales. Ello se debe aque las calificaiones son una opinión sobre la capacidad y la voluntad de pago de un emisor para cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. Los antecedentes sobre las políticas de deuda de la entidad impatan en la percepción de riesgo de un emisor independientemente de su posición de liquidez y solvencia y son ponderados en la calificación”, agregó al tiempo que recordó que solo el hecho de entrar en el período de gracia deja a los bonos en un rango apetitoso para los fondos buitre.
Los datos de la calificadora muestran que en 2020 “no existen importantes vencimientos de capital de deuda desub-soberanos; sin embargo, existen casos particulares de entidades muy ajustadas crediticiamente. Los vencimientos de capital para este año de los emisores monitoreados por FIX y Fitch ascienden aproximadamente a $120.311 millones (equivalente a USD 1.800 millones a un tipo de cambio de $64) con alta exposición cambiaria dado que el 90% es en moneda extranjera”.
De esos 1.800 dólares, se corresponden exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. En cambio, para el resto la situación es más llevadera: “La mayoría de las Provincias y los Municipios enfrentan servicios de intereses cuyo peso dependerá de la denominación de la deuda ante la fuerte depreciación del peso en 2018 y 2019 y de la flexibilidad fiscal-financiera de cada emisor”, consideró Fix.
Como advirtió LPO, a partir de 2021 las cosas cambian y es Córdoba la que pasa a concentrar obligaciones más cuantiosas por el vencimiento de su bono bullet por 725 millones de dólares.
Los desafíos para 2020
Si bien para la calificadora los 1.800 millones de deuda no son un problema en líneas generales, reconoce que la situación de las provincias y los municipios es complicada. Esto lo reflejó en la perspectiva negativa que asignó a sus calificaciones. Entre las consideraciones estaban la falta de definiciones del gobierno nacional sobre los lineamientos macroeconómicos y la reestructuración pendiente de la deuda externa.
“El actual contexto económico mundial agrava la situación de aquellas jurisdicciones con mayor concentración de sus ingresos propios relacionados a la producción y/o extracción de commodities dada la fuerte evolución negativa de los precios internacionales y una menor expectativa de actividad económica global”, apuntó Fix.
El Grupo Albanesi, uno de los principales generadores de energía y comercializador de gas natural de la Argentina, cerró 2019 con una ganancia de $607,7 millones, y analiza opciones de financiamiento para avanzar con proyectos por u$s500 millones en plantas Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
“Estos resultados se dan en el marco de un intenso trabajo que le permitió a la compañía reprogramar los vencimientos de deuda, de modo de seguir repagando gradualmente”, informó la empresa tras comunicar sus resultados del ejercicio 2019 al mercado.
Albanesi cuenta con un plan de inversiones por u$s500 millones que permitirán mejorar la eficiencia y bajar el precio de la energía en dos de sus plantas, en Buenos Aires y Córdoba, y construir una planta nueva de cogeneración en la provincia de Santa Fe.
Armando Loson (h), presidente de Albanesi, destacó que ya se encuentran trabajando para “conseguir financiamiento para los proyectos en cuanto se estabilice el contexto financiero local e internacional”.
“Los equipos ya están pagos casi en su totalidad. Por otra parte, estas inversiones adicionales tienen un fuerte contenido local ya que involucran obras civiles, eléctricas, equipos locales e impuestos”, afirmó el ejecutivo.
Los proyectos están emplazados en los municipios de Ezeiza, Río Cuarto y Arroyo Seco, y se estima que en el punto más intenso de las obras se empleará en forma directa unas 1.500 personas.
“El plan financiero 2020 está cerrado y estamos a la espera de que mejore el contexto global para avanzar con nuestro plan de inversiones”, explicó, por su parte, Guillermo Brun, director financiero del Grupo.
Durante el segundo semestre de 2019, la empresa obtuvo financiamiento internacional por u$s80 millones que, junto con un canje de bonos locales que vencen en 2020 y la renovación de sus préstamos bancarios, le permitió cerrar el plan financiero para este año.
Albanesi es un grupo empresario argentino fundado en 1929. Sus actividades principales son la generación de energía eléctrica y la provisión de gas natural. Es el principal comercializador de gas natural de la República Argentina. Cuenta con una potencia instalada de más de 1500 MW a través de sus 10 centrales ubicadas en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Buenos Aires y Río Negro.
Con el riesgo país por arriba de los 3 mil puntos para la Argentina, las calificadoras de riesgo advierten que más allá de la negociación de deuda nacional, se plantea un escenario de riesgo para la deuda de las provincias y las empresas del país, que se suma a la caída de la actividad atada al avance del coronavirus.
La deuda subsoberana de una decena de gobiernos locales y regionales está bajo la calificación de “vulnerable”, según Fitch Ratings, en base también a la deuda soberana. Pese al aval del FMI a los países de instrumentar estímulos fiscales en sus economías, la noticia de que el Gobierno evalúa un paquete de $ 3 mil millones no cayó bien en los mercados, que consideran que la situación fiscal del país es delicada, lo que se tradujo en la suba del riesgo país, junto con la visión de que la negociación con los bonistas que lleva adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, podría retrasarse por la caída de los mercados globales y la incertidumbre general.
“El contexto del proceso de renegociación de deuda nacional también influencia las decisiones de política”, señalan. En medio de las nuevas negociaciones de la Provincia de Buenos Aires con los acreedores, plantean que hay jurisdicciones que enfrentan un dilema entre la voluntad de pago y el no cumplimiento para forzar una renegociación. La provincia de La Rioja podría seguir un camino similar al de Buenos Aires, según Fitch, que de todas formas marca que en 2020 en general las provincias no enfrentan riesgos significativos de refinanciamiento.
Los vencimientos de capital rondan los $ 120.000 millones, unos US$ 1.880 millones, aunque el 90% de la deuda es en pesos. La mayoría de esa deuda corresponde a la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los vencimientos de capital, en tanto, recaen entre 2022-2025.
Para Moody’s, según un informe reciente, la economía global tendría una contracción del 0,2%. Para los países de América Latina, la caída podría llegar hasta un 2%.
En el caso de las empresas, el crédito corporativo se verá afectado por el contexto económico, sobre todo en la primera parte de 2020, según otro informe de Fitch. “El impacto de coronavirus Covid-19 a la economía global y la caída de los commodities por la menor demanda de China expone a varios países de la región” y la baja del crudo exacerbó la situación. Los pronósticos de crecimiento de la región, todavía frágiles, ahora van a la baja.
Las empresas argentinas en el sector energético “reciben su remuneración en pesos”, remarca la calificadora como uno de los riesgos. Las firmas con fuertes operaciones en el mercado local, tienen más dificultades para mantener la deuda en dólares. Un avance global y prolongado del coronavirus resultará en menor crecimiento económico global y le agregará presión a sectores como la venta minorista, el cemento y la energía, según Fitch, que prevé un mayor impacto en el primer semestre del año.
La provincia de San Luis recibe la misma cantidad de recursos nacionales en concepto de coparticipación federal que La Rioja. El mes de febrero fue el ejemplo.
En ese marco, el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá anunció un incremento salarial del 40%, mientras que en La Rioja se espera que la Nación envíe fondos extras.
Estamos transitando tiempos muy difíciles, por eso es que anunciamos una serie de medidas para sostener el salario real y garantizar la inclusión social: aumento del 40% para la administración pública, recategorizaciones y beneficios para los planes sociales.#SanLuisNosUnepic.twitter.com/0joQfvskTI
Con excepción de la empresa estatal Internet para Todos, las SAPEM (hoy transformadas en Sociedades Anónimas Unipersonales) dan grandes pérdidas al erario provincial.
El gobierno provincial reconoce que está en una difícil situación financiera, mientras reclama recursos adeudados. La Nación pretende que La Rioja haga minería, pero aquí nadie se anima a dar ese paso.
Los días pasan y se acerca el temido default por el Bono Verde. Por ese motivo, en el gobierno se discute si habría que vender las joyas de la abuela, que son las SAPEM (las que ganan y dan pérdida).
Además dialogamos sobre la deuda que la Nación tiene con la provincia, como también sobre la actualización de los fondos extracoparticipables y de los planes de desarrollo que tenemos.
La decisión del gobierno de La Rioja de no pagar el cupón de intereses por US$14 millones que venció el 24 de febrero y tomarse los 30 días de gracia para renegociar los términos con los acreedores volvió a poner en el centro de la escena la preocupación que generan las deudas de las provincias . Los analistas consultados por el diario La Nación coincidieron en que la “gran incógnita” es cuánto tiempo lograrán ser solventes algunas administraciones.
Chubut es, desde hace meses, la más complicada si se compara la relación entre recaudación y deuda: 1,79 según un reporte del Centro de Economía Política Argentina ( Cepa ) del año pasado. Le siguen Neuquén (1,27); Jujuy (1,09); Buenos Aires (1,03) y Mendoza y Córdoba, con 0,94. La Rioja tenía ese mismo indicador, lo que la dejaba fuera de una zona de riesgo inminente, pero -después del intento de reperfilar de Axel Kicillof- fue la primera en convocar a los acreedores.
El gobernador chubutense, Mario Arcioni, quiere renegociar un bono de US$650 millones que vence en 2026 y otro de 2021; apuntaría a recortar intereses y extender al menos cuatro años el plazo de pago. Esos bonos tienen una garantía especial, la de las regalías petroleras, lo que es un punto a favor.
El intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, adelantó su intención de renegociar el vencimiento semestral de los intereses del bono internacional de US$150 millones emitido por la anterior gestión radical. Debe devolver US$50 millones por año, desde 2022. “Solo cumplir con los intereses es complicadísimo y eso debe ser renegociado”, le dijo a La Voz del Interior .
Virginia Fernández, analista de la consultora Quantum que dirige el experto en deuda Daniel Marx, admitió a este diario que “todas” las provincias están “complicadas” por la falta de acceso a financiamiento y que ya el mercado está realizando “diferenciaciones”.
En total, la deuda de las provincias en moneda local y extranjera ronda los US$26.000 millones. Este año hay pagos por US$3330 millones y $126.000 millones, conforme a datos de Economía y Regiones. La ciudad y la provincia de Buenos Aires son las que acumulan más vencimientos en 2020 (entre ambas, $60.500 millones).
“La Rioja ya estaba siendo castigada; Chaco, también, y tiene un nivel de deuda bajo y razonable, pero también su capacidad de pago es limitada. Hay otras, como Neuquén, Mendoza y Córdoba, que se están diferenciando por la positiva, pero la duda es cuánto tiempo podrán ser solventes”, agregó.
Los ingresos de todas las provincias están golpeados. La recaudación propia en la mayoría de los casos acumula un año y medio de caída mientras que también hay bajas en la coparticipación, fruto de la recesión. Los mercados están cerrados y la negociación para que la Anses refinancie deudas, como hizo con Kicillof, también está complicada. El denominador común de los gobernadores es cómo conseguir alivio para sus cuentas.
Los analistas advierten que cada vez es más complicado diferenciar entre la voluntad y capacidad de pago de los gobernadores y la decisión que pueden tomar algunos “de aprovechar la situación política y acompañar la estrategia de la Nación”. Aunque reconocen que, en ese caso, deben demostrar sus situación con números claros.
“El canje nacional se terminará haciendo; de una u otra forma se cerrará -describió Fernández-. Pero hay que tener presente que la tasa de rendimiento en general dependerá del programa económico que se presente. No basta con hacer el reperfilamiento”.
Oren Barack, director gerente de renta fija de AGP Alliance Global Partners con sede en Nueva York, afirmó a Bloomberg que los inversores pueden estar perdiendo oportunidades en la Argentina al suponer que cada emisor está “tan mal” como la Nación. Indicó que las provincias deben evitar la reestructuración “a toda costa”, en especial las que necesitan recursos para desarrollos de petróleo y gas y aquellas con niveles de deuda y vencimientos relativamente bajos.
Los gobernadores salieron a emitir deuda en 2016 y 2017. En 2018, con el inicio de la crisis, la tendencia se cortó. Según Fitch Ratings, los inversores se sintieron atraídos por un historial de pagos de las provincias que es mejor que el de Nación y por las expectativas que había en el macrismo.
Las provincias quedaron expuestas porque no tienen stock de ahorros y dependen del flujo anual de ingresos que está golpeado por la caída de la actividad. Recaudan en pesos -a excepción de las patagónicas, con regalías atadas al dólar- y por lo tanto la devaluación empezó a complicarlas aun antes de que Nación anunciara su reperfilamiento.
El Gobierno nacional analiza reducir gradualmente la alícuota del 5% que tributan las exportaciones vitivinícolas.
El sanjuanino Marcelo Alós, secretario de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agricultura de la Nación, justificó a diario El Zonda de San Juan la suba de retenciones, dispuestos por el gobierno nacional, al hablar durante el desayuno de la COVIAR.
Alós asistió a la Vendimia 2020 en lugar del ministro de Agricultura Luis Basterra. “Hasta anoche estaba previsto que viajará, pero por problemas de agenda fue imposible”, aclaró.
Durante su discurso, el funcionario justificó la suba de retenciones. “No nos gusta, pero tenemos que hacerlo. Esa suba de 3 puntos (del 30 al 33) afecta a sólo 25% de la producción de soja”. Alos destacó que “está en estudio” reducir gradualmente la alícuota del 5% que tributan las exportaciones vitivinícolas.
Por otra parte, avaló la intervención del INV en el mercado a partir de la nueva presidencia de Martín Hinojosa, que decidió exigir no menos del 85% de uvas tintas en la elaboración de vinos tintos genéricos. “Me parece una buena medida para la genuinidad. Hay mucho espacio para trabajar ahí, obviamente, sin que el Instituto resigne su rol de fiscalización”.
Ángel Leotta: “Sabemos los problemas, pero también plantear las soluciones”
El presidente saliente de la COVIAR Ángel Leotta realizó un balance de su gestión, durante los últimos años al frente de la organización vitivinícola señalando que “continuamos con la promoción en el mercado externo y el mercado interno”, sostuvo, subrayando la participación “en diferentes ámbitos de negociación que lleva el país”, entre otros mercados, en la Unión Europea y Canadá.
Al hablar durante el tradicional desayuno de la COVIAR, en el hotel Hyatt de Mendoza, Leotta recordó que “logramos reducir los aranceles” y “en el último año las gestiones de la Coviar permitieron un ahorro de 1.800 a 2 mil millones de pesos en toda la cadena vitivinícola por la reducción de las cargas laborales”.
También hizo hincapié Leotta en la “actualización del sello alimentos argentinos, que permite obtener un 0,5 % adicional”. El dirigente vitivinícola aseveró también: “Hemos demostrado nuestra capacidad para trabajar en múltiples campos, logrando objetivos que tenemos en común y que ninguno de nosotros puede alcanzar por su cuenta”.
En tal sentido, precisó que “esta es la mesa de consensos que queremos: sabemos los problemas, pero también sabemos plantear las soluciones”. Finalmente, manifestó su agradecimiento “a mis pares, que acompañaron tres años difíciles”.
Aclaró que se refería a los directores públicos y privados, del “INTA, el INV, la provincia, y todas las provincias productoras. Especialmente a la provincia a la cual represento, San Juan”.
Las entidades que asistieron
Por el sector el sector privado, participaron la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas; la Asociación de Viñateros de Mendoza; la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Jugo Concentrado de Uva; la Cámara de Bodegueros de San Juan; la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan; la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios; la Cámara Vitivinícola de San Juan; la Federación de Cámaras Vitícolas Argentinas; Productores de uvas de mesas y pasas, entre otros.
Desde el gobierno de San Juan, asistieron el Ministro de la Producción Andrés Díaz Cano y el vicegobernador Roberto Gattoni.
Además estuvieron representantes de los gobiernos de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
La provincia de Santiago del Estero lidera el crecimiento a nivel interanual en el total de ventas al público de combustible: creció un 36,3%. Corrientes (+29,5%) y Entre Ríos (+27%) completan el podio. En el otro extremo, aparece La Rioja con una caída de 0,1% y la provincia de Buenos Aires tuvo la mayor caída del país (-11%), según la consultora Politikon Chaco.
Observando por segmentos, en el gasoil común nuevamente Santiago del Estero lidera la suba interanual de enero con +66,5%; a su vez, también repite la provincia de Buenos Aires como la jurisdicción con la mayor caída (-18,4%).
En lo referido al gasoil ultra, Corrientes fue la provincia con el mayor crecimiento (+26,8%); y la provincia de Buenos Aires la que más cayó (-10,8%).
La situación se repite en las ventas de nafta súper: Corrientes lidera la suba (+25%), y la provincia de Buenos Aires lo hace en la caída (-8,2%).
Finalmente, Tierra del Fuego es la provincia con el mayor crecimiento del país en ventas de nafta ultra (+21%); y Santa Cruz en la provincia con la mayor caída (-3,2%).
Dos provincias y varios municipios argentinos están evaluando la posibilidad de emitir criptomonedas para enfrentar las dificultades económicas. La digitalización de la moneda permitiría paliar la crisis, y podría emitirse como un bono con garantía de rescate para aceitar el flujo de la economía.
Ignacio Vitale, experto en criptomonedas, sostuvo que “el motivo principal por el que las provincias se interesan en este tipo de activos es el de fomentar el movimiento de la economía local, no el pago de los salarios”.
Sin embargo, el especialista –en diálogo con La Política Online- subrayó que también puede ser un motivo que la igualdad de comisiones para los comerciantes que la acepten como medio de pago: “Las opciones son muchas y lo evalúa cada provincia de acuerdo a sus intereses y posibilidades: puede ser para el pago de impuestos, para dar descuentos sobre la compra de productos locales o bienes de la canasta básica o combustibles”.
La frágil situación económica de la Argentina tiene en alerta a las provincias, que ya no tienen posibilidades de incrementar su recaudación sin afectar directamente a su producción o a sus residentes. El recorte de financiamiento del Tesoro Nacional, y las alternancias constantes en los impuestos cofederados, sumado a la grave deuda externa que enfrenta el país, ponen a la criptomoneda como una alternativa viable para agilizar el flujo de activos.
De todos modos, la falta de un marco legal que ampare las distintas etapas del desarrollo y aplicación del sistema no permite proyectarlo en el corto plazo. “El puntapié inicial para el tratamiento de una ley marco se dio en 2018 y durante 2019 expertos y universidades estuvieron trabajando en su creación, por lo que este año debería presentarse en el Congreso un proyecto que les dé institucionalidad a los criptoactivos. Una vez que exista marco regulatorio y autoridad de control, incluso el Estado nacional podría emitir su propio criptoactivo”, detalla el informe de La Política Online.
La Rioja es una de las provincias más interesadas en el avance de las criptomonedas. Desde el propio gobierno de Ricardo Quintela reconocieron que la opción de un criptoactivo está presente en la agenda, pero sólo como una “ultima instancia”.
Hasta el momento, el sistema de dinero digital –a través de una billetera virtual- existe en el municipio de Marcos Paz. En conjunto con la empresa Koibanx, el municipio bonaerense lanzó sus “Activos Marcos Paz”, funcionales para intercambiar bienes y servicios entre vecinos y comerciantes del lugar. Lo llamativo al momento del lanzamiento, a mediados de 2019, fue que el municipio entregó algunos activos a los vecinos como recompensas por tener los impuestos al día, reciclar o usar transportes ecológicos.
En los últimos días, el ex director del Banco Central de la República Argentina entre 2004 y 2010, Martín Redrado, propuso la creación de una criptomoneda nacional. “El Banco Central de China está avanzando de forma sigilosa en crear una moneda digital para reemplazar en forma gradual los billetes tradicionales. Argentina debe evaluar la emisión del ‘peso digital’”, escribió Redrado en su cuenta de Twitter.
La justicia informó que Enzo Moreno es el presidente de la empresa estatal Colonia Cunícola Riojana del Oeste SAPEM, según se conoció en un edicto publicado en el Boletín Oficial
Fue elegido en una asamblea ordinaria para hacerse cargo de la firma estatal.
El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, agradeció “el esfuerzo que está haciendo el Gobierno nacional buscando políticas públicas que logren resolver dilemas cruciales, que garantizarán la continuidad de muchos proyectos y abrirán las puertas para tantos otros que están decididos a comenzar su camino en varias provincias”.
Carlocchia recordó que “cuando el país decidió en 2016 eliminar el pago de derechos de exportación, permitió con ello extender la vida útil de cinco minas y adelantar el inicio de producción de otra más”, al hablar en Toronto durante el encuentro de la PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada).
El titular de CAEM destacó que el presidente Alberto Fernández “ha dicho una y otra vez que la minería es un pilar del desarrollo federal de la Argentina”.
En ese sentido, agregó Carlocchia, “acompañamos desde la Cámara no sólo a los inversores argentinos, sino también a los inversores canadienses, chinos, suecos, chilenos, ingleses, suizos, norteamericanos, peruanos, sudafricanos, coreanos, colombianos, franceses y australianos hoy presentes en San Juan, Santa Cruz, Catamarca, Salta, Jujuy, Chubut, Río Negro, La Rioja, Neuquén y Mendoza”.
El empresario remarcó que la industria minera “es fundamental para el crecimiento argentino”, tras precisar que el sector es “el sexto complejo exportador nacional, con US$ 3.300 millones en exportaciones durante 2019”.
“Pero su real importancia radica en su carácter federal y su arraigo territorial, y un claro ejemplo de ello son las provincias de Santa Cruz, San Juan y Catamarca, donde la minería es la principal industria exportadora, representando hoy entre 25% y 40% del PBI de sus economías”, puntualizó Carlocchia.
El titular de CAEM indicó además que la relación entre empleos directos e indirectos de la minería (uno a tres) “es uno de los más altos de Latinoamérica”, mientras en Santa Cruz “el sector genera hoy el 21% del empleo privado registrado a nivel provincial”.
Carlocchia resaltó por último la relevancia de los depósitos minerales ricos en cobre, plata y oro, a lo que se suma que el país “es el 4º con las mayores reservas de litio del mundo, y todo esto considerando que un 70% de su subsuelo factible de mineralización aún no ha sido prospectado”.
El Parque Eólico Arauco recibió 250 millones de dólares de los 300 millones de dólares del bono verde. Así lo aseguró su presidente, Fernando Cárbel, al explicar que los 50 millones de dólares restantes deberían haberse realizado obras relacionadas a la generación de energías renovables.
En declaraciones a radio Fénix, Cárbel explicó que la provincia sacó un crédito, conocido como bono verde, pero es el parque quien tiene que devolvérselo, para que se puedan afrontar esos pagos. “Tenemos una deuda con el accionista de 250 millones de dólares, y el accionista es el gobierno”, manifestó.
Sobre la decisión de la provincia, que no pagó la primera cuota de los intereses por el bono verde, dijo que es un tema ajeno a la empresa. “Eso lo manejan ellos. Las deudas se están renegociando, pero no sé qué tipo de negociaciones están haciendo”, se deslindó.
El presidente enfatizó que “somos la primera empresa que tenemos un contrato a largo plazo, tenemos el primer molino construido el 100 por 100 en el país que en ese momento fue el más grande de Sudamérica. Fuimos la primera conectada al servicio interconectado”.
Cárbel sostuvo que más allá que en el gobierno de Macri se les cayeron algunos de los contratos, pudieron renegociarlos, ya que aseguró que “logramos tres contratos internacionales de venta, en un total de 300 megas”. “Realizamos la construcción de una línea de transmisión para poder sacar la energía, estamos creciendo ocho veces que lo teníamos montado, creamos una línea de 90 km de transmisión, la más grande del NOA”, enumeró.
“La gestión del parque volvió a consolidar los contratos, pese a las decisiones del anterior gobierno nacional. El capital se va recuperando con la generación de energía”, sostuvo luego.
“Iniciamos un volumen para producir toda la energía que genera La Rioja. Es una empresa estratégica, una vez que la entiendan, la van a defender todos. Es una fuente de ingresos genuinos que ayudará a La Rioja a financiarse”, completó.
En contraposición con las declaraciones del Jefe de Gabinete, Juan Luna, quien en medios naciones dijo que el Parque Eólico Arauco no está conectado al servicio nacional, Cárbel aseguró que el parque está interconectado hace nueve años.
“El jefe de Gabinete se refirió a la parte que estamos terminando, que es el doble a lo que estamos generando”, explicó.
En ese marco, el presidente de la empresa informó que el Parque Eólico Arauco está interconectado hace nueve años, con una potencia de 50 megas, por los cuales ingresan entre 14 a 16 millones de dólares anuales.
“Todo lo que generamos, lo volcamos para terminar la obra y otros proyectos”, aclaró y remarcó además que la empresa “vive de los recursos que generamos”, remarcando que “el estado no paga los sueldos”.
“Con lo que vendemos, se cubren los gastos de la empresa y se reinvierte el resto”, resaltó.
“Seguimos generando energía, hace nueve años que colocamos energía en el servicio interconectado”, reiteró y agregó que están trabajando con 24 equipos que generan 50 megas,
“Este mes se inauguran 100 megas más, con los cuales se van a generar unos 38 millones de dólares anuales”, especificó Cárbel y agregó que cuando se terminen las obras (son tres parques en total) van a generar un total de 400 megas.
“El parque nuevo es que el que va a proporcionar los recursos para pagar el préstamo con la provincia”, manifestó Cárbel, quien consideró que se trata de “un proyecto estratégico clave”.
Carbel sostuvo que el parque “tiene mala prensa en la provincia”, pero dijo no sucede lo mismo a nivel nacional, recalcando que “le ganamos las licitaciones a otras empresas grandes”.
“Acá solo se resaltan temas negativos, pero nunca nos pidieron que los llevemos al parque para demostrar lo que estamos haciendo”.
Un ex directivo de las empresas estatales de La Rioja, conocidas como SAPEM, aseguró que cuestan 589 millones de dólares, si el actual gobierno de Ricardo Quintela las pondría a la venta.
Así lo afirmó Pedro Villata, quien fue el presidente de las principales SAPEM durante el gobierno de Luis Beder Herrera y el primer año de la administración de Sergio Casas.
Las firmas estatales fueron creadas en el gobierno de Beder Herrera ante la falta de inversión privada en esta región del país y por ello, se conformaron Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) vinculadas a los sectores productivos y de servicios, entre otras, para que hoy quedaran transformadas en Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU).
En declaraciones a radio Fénix, Villata hizo un paneo de su gestión al frente de las empresas y se podría decir que fue una especie de CEO de las SAPEM. Por este motivo, tuvo injerencia en casi todas, con excepción de EDELaR o Internet para Todos.
El directivo tuvo a su cargo a las firmas deficitarias y de aquellas que daban ganancias al Estado, aunque falló en esa época, como la actual, la comunicación oficial. Nunca prendió el plan de SAPEM en la sociedad riojana.
En el extenso diálogo, Villata aseguró que cuando se alejó de las empresas por la pelea política entre Beder Herrera y Casas todas las SAPEM tenían un valor de 10.000.000.000 de pesos con un dólar a 17 pesos.
Si hoy fueran esos números se podría hablar de la friolera cifra de 589 millones de dólares que costarían las empresas estatales, en caso de que Quintela quisiera venderlas.
En ese marco, el ex directivo comentó sobre la venta de Granjas Riojanas SAPEM a 10 millones de dólares en el 2018, aunque nunca fue informado oficialmente desde Casa de Gobierno. La empresa pasó a manos privadas.
Villata compartió que las empresas SAPEM, hoy SAU, están en punto muerto, ya que el gobierno de Casas y hasta ahora la administración quintelista, no pusieron en valor la inversión realizada por el Estado para la generación de 2.700 fuentes de trabajo, siendo una de las principales generadores por afuera de la administración pública tradicional.
La caída de patentamientos que se evidencio fuertemente en el 2019 continúa en este 2020, y en el total de patentamientos, ninguna provincia tuvo incrementos interanuales, según un informe de la consultora Politikon Chaco.
Si se contabiliza el total de patentamientos, Santiago del Estero encabeza la lista con una caída del 58,2%, seguida de Formosa (-44,6%) y La Rioja (-43,9%). La Pampa muestra la menor caída (-20,2%).
Hablando específicamente de los automóviles, La Rioja lidera la caída (-49%), seguida de Formosa (-46,3%) y Tucumán (-42,2%). Salta tuvo la menor caída (-18,4%). A nivel nacional, el descenso fue del 31,2%.
En motos, por su parte, Santiago del Estero lidera la caída (-63,1%), seguida de Chubut (-47%) y Tierra del Fuego (-45,9%). La CABA se ubica en el otro extremo: cayó un 17,9%, siendo la más baja. A nivel nacional, la caída es del 35%.
Finalmente, en lo referido a maquinarias, la situación es distinta: hubo siete jurisdicciones que han tenido crecimientos positivos: Río Negro es la que tuvo el mayor incremento (+800%). Por el contrario, Santa Cruz y La Rioja mostraron las mayores caídas (-100%). En todo el país, hubo una caída del 18,8%.
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) relevó la situación de 656 empleados de la actividad en seis establecimientos olivícolas de La Rioja, en operativos de fiscalización para verificar su registración y si tienen o no la Libreta de Trabajo Rural (LTR), informó el organismo agropecuario.
El Registro relevó la situación registral de esos trabajadores en el departamento de la capital provincial durante tres jornadas, informó un comunicado de prensa.
El jefe de la delegación riojana del organismo agropecuario, Emilio Roqué, aseguró que el Registro procura constatar “el cumplimiento de la ley en los establecimientos” y que “el trabajador acceda a sus derechos laborales”, como “la debida inscripción, la existencia de la Libreta de Trabajo Rural (LTR) y el pago de valores salariales según lo estipulado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)”, puntualizó el documento de prensa.
En los operativos participó personal de la delegación provincial, inspectores del Renatre central, Córdoba Norte y San Luis, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de Aimogasta y funcionarios de Migraciones, concluyó.
Después de la suspensión del Pacto Fiscal entre la Nación y las provincias -el objetivo de baja de impuestos se extendió apenas dos años y con una parte frenada en 2019- la mayoría de los gobernadores de distintas administraciones consultados por el diario La Nación repiten que, “por ahora”, no tienen previsto aumentar el impuesto a los ingresos brutos (II.BB.) ni tampoco sellos. Eso sí, ya quedó en el pasado la baja de impuestos que estaba prevista para estos años y se mantendrá la presión fiscal que existió en 2019. Solo algunas provincias avanzan en alguna suba sectorial.
Justamente esos son los dos gravámenes provinciales alcanzados por el acuerdo que el presidente Alberto Fernández, a pedido de los propios gobernadores, resolvió dejar sin efecto por un año. La no reducción de presión tributaria en 2020 implica unos $60.000 millones de recaudación. La clave es que el nuevo texto no establece un límite a las alícuotas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue el primero en avanzar con un alza de II.BB. para más de 50 actividades. Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) da cuenta de que sobre 1006 ítems definidos por la ley impositiva provincial hubo alzas en 56, mientras que en una decena hubo bajas (nueve tienen ahora alícuotas especiales para pequeños comerciantes).
En el caso de comercio mayorista y minorista, se actualizaron respecto de 2019 los tramos de facturación en 50% para el primer segmento y 44% para el segundo.
El mundo de los servicios es la actividad donde más se refleja el cambio de alícuotas bonaerense, la máxima en varios casos pasó de 4% a 5% y en otros de 4,5 a 5,5%, dependiendo del nivel de facturación.
Según los datos del Iaraf, con estas modificaciones hay áreas donde la presión impositiva es mayor a la de 2017, antes de la firma del Pacto Fiscal: fabricación de cartón ondulado y envases de cartón; servicios auxiliares a los de seguros; ensayos y análisis técnicos, y servicios de publicidad son algunas de las actividades que tienen un peso fiscal mayor al que se observaba en 2017.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA), giró a la Legislatura el proyecto para suspender la rebaja prevista en el Pacto Fiscal; eliminada la obligación cobrará este año las mismas alícuotas que en 2019. El mecanismo de revisión estaba previsto en la ley tributaria votada por la Legislatura porteña en diciembre del año pasado. Dicho de otra forma, la Legislatura volverá atrás en el compromiso de rebaja que constaba en aquel Pacto Fiscal que quedó suspendido.
El peso del impuesto
Para las provincias más chicas II.BB. tiene un peso importante en su recaudación, en promedio implica el 75% de lo que ingresa como recursos propios. Los gobernadores prefieren subir ese impuesto, que queda disimulado en el precio final de un producto, y no los patrimoniales, que tienen un mayor impacto en la percepción de la población general a pesar de que II.BB. tiene un efecto cascada que lo hace muy nocivo. Nadie quiere correr con el costo político de subir los impuestos a las propiedades o a los automotores.
En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti mantuvo los valores de 2019 y avanzó en un proceso de simplificación de alícuotas: de 80 pasó a 20. En algunos casos hubo un alza de una décima hacia arriba, pero en otros, hacia abajo.
En Santa Fe, desde el gobierno de Omar Perotti indicaron a este diario que por ahora el objetivo es lograr que la Legislatura apruebe la ley de necesidad pública (emergencia) para que rija hasta el 30 de junio de 2021; el déficit del año pasado fue de $18.600 millones y la deuda flotante, $27.000 millones.
Para las procesadoras de granos -que estaban exentas de ingresos brutos-, se aprobó una alícuota de 2,5%, lo que provocó la queja del sector, que sostuvo que su margen histórico de rentabilidad es del 3%, muy bajo para soportar la carga. Desde la administración provincial apuntan que cualquier otro cambio deberá contar con la aprobación de los legisladores y que ahora no se trabaja en ese tema; la prioridad es la emergencia.
Sin cambios en otros distritos
En San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá fue uno de los que sí subió II.BB. y Sellos y, en Río Negro, el año también comenzó con subas importantes en ese impuesto para pequeños contribuyentes; de acuerdo con las categorías las alzas fueron de 43% a 61% en los pagos mínimos.
En Entre Ríos, Mendoza, Tucumán y La Rioja voceros de los gobernadores indicaron que las alícuotas no tendrán cambios respecto de 2019; frenaron las reducciones, pero no avanzarán tampoco en sentido contrario.
Desde el Iaraf, el economista Nadin Argarañaz subraya que en el mejor de los casos la carga tributaria quedará como estaba en 2019. “En Buenos Aires, por ejemplo, la suba de la presión para determinadas actividades fue muy importante. El camino es el inverso al que debería recorrerse; seguiremos analizando si con el paso de los meses otras administraciones modifican su esquema en función de sus necesidades”, agregó.
El impuesto a los ingresos brutos no poder deducirse de la etapa previa de la cadena de producción y comercialización, pasa a ser un costo adicional tanto para las empresas productoras o comercializadoras como para el consumidor final.
El Iaraf estima que del precio total de un bien entre ocho y nueve por ciento está explicado por el impuesto. La idea original del Pacto Fiscal era avanzar hacia su reemplazo por un impuesto a las ventas que eliminara el “efecto cascada”, pero con esta administración nacional todavía no se habló sobre si seguirá en esa línea. Sí se confirmó que seguiría trabajándose en una actualización de valuaciones fiscales de propiedades para que se usara como base del Inmobiliario, aunque no hay fecha para su instrumentación.
La Administración Nacional de la Seguridad Nacional (ANSeS) ordenó que las empresas estatales de La Rioja, conocidas como SAPEM, paguen una millonaria deuda por asignaciones familiares de su personal.
El organismo nacional rechazó un recurso interpuesto por la firma estatal Parque Eólico Arauco y dispuso el cobro de la deuda que abarca a medio centenar de empresas SAPEM, que pertenecen al gobierno de La Rioja.
La cifra sería millonaria por la deuda con la ANSeS, ya que los “cerebros” de las SAPEM aseguraban que están excluídos de las cargas sociales.
Solo como dato: una empresa privada con 50 empleados destina $500 mil por asignaciones todos los meses. A ese monto habría que llevarlo a todas las SAPEM multiplicado por los años adeudados desde su creación.
De esa forma, se avecina otro escándalo en el manejo de la cosa pública.
