El régimen que beneficia a La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis llega a su fin. El Gobierno nacional asegura que garantizará los puestos de trabajo y no se descarta una salida paulatina del sistema de desgravación impositiva. Provincias no alcanzadas festejan.
El fin del régimen de promoción industrial que beneficia a San Luis, La Rioja, Catamarca y San Juan desde hace 35 años es prácticamente un hecho, admiten gobiernos provinciales y cámaras de empresarios afectadas por la caída del sistema de beneficios. Sin embargo, la administración central asegura que tomará medidas para garantizar que no se pierdan puestos de trabajo y que trabajará caso por caso con empresas que puedan verse afectadas.
Así lo indicaron a El Cronista fuentes oficiales. “La absoluta garantía es la manutención de las fuentes de trabajo”, aseguraron. El Gobierno intenta así desarticular la presión de las cámaras empresarias de las provincias beneficiadas, que alertan con la potencial pérdida de 100.000 empleos.
El régimen de promoción industrial data del último gobierno de Juan Domingo Perón, para beneficiar a provincias tradicionalmente postergadas económicamente. Luego, la dictadura lo reglamentó. Consiste en la desgravación del impuesto a las Ganancias y del IVA para las industrias que se radiquen en esas cuatro provincias.
Los beneficios fueron quitándose paulatinamente. La última extensión de este régimen data de mayo de 2010. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró entonces que por la crisis financiera internacional era pertinente dar dos años más de promoción industrial, con una exención impositiva de hasta un 45%. Así consta en el decreto 699 de ese año.
Desde comienzos de año, las provincias beneficiadas y otras limítrofes que no fueron alcanzadas por el régimen (Mendoza, Chaco, Santiago del Estero y La Pampa), cruzan dardos a favor y en contra de la extensión de la promoción. El gobernador mendocino, Francisco Paco Pérez, es el más activo promotor del fin de los beneficios. El martes, su par sanjuanino, José Luis Gioja, lo llamó para expresarle su malestar por una convocatoria de Pérez a empresarios, sindicalistas y legisladores de Mendoza para “unir fuerzas” contra la renovación del beneficio, informó el Diario de Cuyo.
Pero las provincias se preparan desde hace meses para sobrevivir al día después del fin de la promoción industrial. “Es poco probable que la promoción industrial se dé nuevamente”, admitió días atrás la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci. “Hay muchas razones que la frenan y nosotros no podemos limitarnos sólo a la promoción, estamos buscando otras formas de atraer a las empresas”, prosiguió.
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo que la decisión de la Nación de no prorrogar el régimen está tomada. “Hoy pretenden presionar al gobierno para la prórroga de este instrumento, pero la decisión de Nación es bien acertada”, dijo. “El Gobierno tomó una decisión correcta, que es analizar caso por caso para ver las ventajas comparativas del resto de las provincias argentinas”, agregó.
En el Gobierno consideran que el régimen de promoción industrial llegó a su límite. “Los sectores de las provincias están maduros y funcionan bien”, indicó una fuente.
Equipos técnicos de los ministerios de Industria y Economía trabajan en alternativas para que el fin de los beneficios no sea dramático. Además de garantizar los puestos de trabajo, el Gobierno promocionará los créditos del Bicentenario a tasa subsidiada, que tienen dos puntos porcentuales de descuento en el noroeste del país.
La administración central trabajará “caso por caso” con los gobiernos provinciales si hay necesidades objetivas de apoyo adicional. Y no se descarta tomar medidas para suavizar el fin de la promoción industrial, como una quita de beneficios paulatina. En todo caso, será una decisión de la Presidenta.
Según estimaciones extraoficiales, la exención de Ganancias e IVA en las cuatro provincias beneficiadas tiene un costo de $ 8.000 millones al año para el fisco.
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