Por Abelardo Ferrán, ministro de Producción de La Pampa. Según el funcionario, La Pampa ha sido fiel ejemplo de su impacto negativo. Hay que destacar, además, el costo fiscal inherente, ya que se trata de impuestos que no se cobran y por lo tanto no se coparticipan.
Nadie debería sorprenderse, ni enojarse, por la finalización del régimen de promoción industrial que beneficio por muchos años tanto a La Rioja como a otras provincias. Tales promociones no se pueden mantener para siempre ya que van en detrimento del resto de las provincias, generando asimetrías en las posibilidades de desarrollo. La Pampa ha sido fiel ejemplo de su impacto negativo.
Hay que destacar, además, el costo fiscal inherente, ya que se trata de impuestos que no se cobran y por lo tanto no se coparticipan. Estas son las principales razones que llevaron a La Pampa a presentar demandas ante la Corte Suprema en los años 1999 y 2010.
La primera ley de facto (22.021) fue promulgada por la última dictadura militar en 1979 y llevó las firmas del dictador Videla, los ministros Martínez de Hoz y Harguindeguy. Benefició sólo a la La Rioja.
En 1982 y 1983 se sancionó la extensión al régimen de promoción fiscal para Catamarca, San Luis y San Juan, firmadas por Reynaldo Bignone y sus ministros Jorge Whebe y Llamil Reston.
Como algunas de esas provincias están muy cercanas a nuestro territorio, se generó una importante migración de industrias, hasta entonces radicadas en La Pampa.
Estos beneficios, que algunas provincias recibieron durante más de 30 años, debieron haber sido capitalizados con desarrollos industriales que aprovecharan las ventajas comparativas de cada territorio y generar ventajas competitivas que hubieran permitido hacer sustentables las inversiones.
La Pampa tiene solo el 8% de su tierra con alta y media aptitud agrícola, lo cual le exige avanzar en la conformación de una estructura productiva con fuerte peso industrial. Sin embargo, es una provincia agropecuaria con escaso desarrollo industrial, en gran medida, por la aplicación de estas leyes discriminatorias.
El Gobierno nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través del Ministerio de Industria de la Nación, encabezado por Débora Giorgi, dispone de un importante paquete de herramientas federales que permiten lograr una mayor densidad industrial, completar las cadenas de valor y potenciar una mayor integración local para una industria nacional competitiva que siga generando arraigo local, empleos de calidad y una mejor distribución de la riqueza. Además, el Plan Estratégico Industrial 2020 es una especie de guía de la producción que nos permitirá alcanzar los objetivos planteados para la industria de mañana.
La cartera industrial dispone de un espacio de diálogo permanente como es el Consejo Federal de la Industria, donde todas las provincias pueden plantear sus problemas y diferencias sin ningún tipo de condicionamientos.
De hecho, en la última reunión del Consejo -realizada en El Calafate, Santa Cruz- dejamos sentada nuestra posición de no prorrogar beneficios para unos pocos que nuevamente van a perjudicar a nuestra provincia y a otras, que no han sido beneficiadas ya sea por sus condiciones naturales como por no haber sido incluidas en el régimen de promoción industrial.
Acompañamos la decisión de impulsar más industria, más desarrollo y más inclusión social y apoyamos la política nacional de considerar la situación de cada empresa en particular que esté beneficiada, con el objeto de evitar su eventual cierre o las posibilidades de despidos de sus planteles de trabajadores.
Rioja Política 
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