El gobierno nacional le ofrecerá a las empresas de medicina privada aplicar un aumento del 7 por ciento en las cuotas de los afiliados con el fin de frenar el corte de atención previsto por clínicas y sanatorios para el jueves próximo.
El secretario de Comercio, Augusto Costa, y la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, se reunieron con representantes del sector, y allí se determinó que desde el gobierno se realizará una propuesta para incrementar las cuotas.
Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron la existencia de negociaciones con el sector y que está prevista una próxima reunión, pero no revelaron las cifras.
El sector empresario reclama un aumento de las cuotas del 15 por ciento a partir de mayo, pero desde el gobierno s´´olo se admite un aumento que llegaría al 7 por ciento, a partir de junio, según fuentes empresariales.
El gobierno ofrece también volver a sentarse a discutir la posibilidad de una segunda cuota en el tercer trimestre, luego de evaluar el comportamiento de los precios y el aumento en el costo empresario.
Las empresas de medicina privada buscan también que el acuerdo salarial en las paritarias de junio en el sector salud se aplique a las cuotas de los afiliados, a partir de ese mes cuando comienza a regir el nuevo acuerdo salarial.
Fuentes de la Secretaría de Comercio adelantaron que esa posición ya fue rechazada y que no se permitirán aumentos abusivos.
El último ajuste de precios fue de 4 por ciento y se aplicó en marzo de este año, aunque esto no fue suficiente para las empresas, que habían reclamado un aumento del 12,5 por ciento, a cobrar en febrero.
Mientras las prepagas negocian con el gobierno una nueva suba en las cuotas, los prestadores denunciaron ayer el «incumplimiento» de normas que obligan a concertar aranceles entre todas las partes que integran la cadena de producción de los servicios de salud. Así lo indicó la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime).
«En estos días se ha presentado una nueva controversia entre las empresas de medicina prepaga y la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta disputa es una expresión más de la crisis arancelaria, como consecuencia de la fuerte depreciación de los valores que se perciben por las prestaciones, más los profundos desequilibrios financieros que afectan a los distintos actores del sistema de salud», sostuvo Cadime en un comunicado.
La cámara señaló que esta situación fue «reiteradamente advertida por Cadime desde hace largo tiempo» e insistió en que se debe constituir el Consejo Permanente de Concertación, para que todos los componentes de la salud y el Estado analicen y transparenten los costos de producción de las prestaciones que se brindan, acordando aranceles mínimos y obligatorios».
Rioja Política 
Debe estar conectado para enviar un comentario.