El fiscal federal de Tucumán Carlos Brito reiteró la acusación contra el jefe del Ejército, teniente general César Milani, y volvió a requerir su indagatoria por el encubrimiento de la desaparición del conscripto Alberto Ledo, ocurrida en 1976, en esta provincia. Lo hizo al apelar la decisión del juez federal Daniel Bejas, quien desistió de citar a declarar al funcionario militar por considerar que «no existen por ahora motivos para endilgarle el carácter de sospechoso de haber cometido un delito gravísimo».
Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán deberá resolver si confirma el fallo de primera instancia o si lo revoca, trámite que, según confiaron a LA NACION fuentes judiciales, podría demorar varios meses. Al planteo de Brito se suma el recurso de reposición y apelación en subsidio presentado el lunes por la familia Ledo en contra de la decisión de Bejas, a la que calificaron de «parcial y arbitraria».
El conscripto Ledo desapareció el 17 de junio de 1976, cuando cumplía el servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, que para esa fecha se encontraba desplegado en la ciudad tucumana de Famaillá.
La última vez que sus compañeros lo vieron, había salido a realizar una recorrida en la zona junto al entonces capitán Esteban Sanguinetti, a quien Bejas imputó como autor del secuestro y crimen del soldado. Milani fue el encargado de realizar el sumario sobre la supuesta deserción de Ledo. El capitán Sanguinetti está imputado como autor de ese crimen y hoy cumple con prisión domiciliaria en esta provincia.
En su sentencia, dictada el 13 de febrero, Bejas cuestionó la labor de Brito por haber sostenido su acusación tomando como única prueba el sumario que Milani elaboró haciendo figurar a Ledo como desertor, con la supuesta finalidad de encubrir su secuestro y posterior asesinato. Por este motivo, le requirió profundizar la investigación tomando en cuenta otros elementos probatorios que fueron incorporados al expediente y que, según el juez, el fiscal ignoró.
En su apelación, Brito aseguró que «las 27 fojas que integran el legajo de deserción de Ledo, son la exteriorización en el mundo real de la maniobra pergeñada por Milani para encubrir la privación ilegítima de libertad y el homicidio calificado de Ledo, y, a su vez, el soporte material en el que se falsea ideológicamente las fechas y los lugares que contribuyen a consumar el tipo penal endilgado». En este sentido, el fiscal recordó que la orden de investigar la ausencia de Ledo fue notificada el 29 de junio de 1976 a las 18.30, mientras que el acta sobre la supuesta deserción del soldado fue confeccionada ese mismo día, pero a las 10, cuando Milani todavía no había recibido la orden.
El fiscal sostuvo que «es claro que este instrumento es el medio probatorio con que se sostiene la responsabilidad penal de los militares mencionados, y es precisamente por eso que el análisis y la valoración se efectúa sobre el mismo, por lo que resulta inocuo, a estos fines, efectuar consideraciones sobre otras pruebas que no se relacionan con el hecho delictuoso».
Por otro lado, Bejas sostuvo en su fallo que «aún no se han alcanzado los estándares suficientes para justificar un llamado a indagatoria», tal como requirió el 22 de diciembre último Brito. Y recordó que en 1976 Milani «era sólo un oficial sumariante» y opinó que, por ello, no necesariamente tenía que estar al tanto de lo que le sucedió a Ledo.
A propósito, Brito advirtió que «no existen dudas que Milani estuvo en Tucumán con el Batallón de Ingenieros en Construcciones 141 de La Rioja, desde el 20 de Mayo hasta el 17 de Julio de 1976, y que fue designado por Sanguinetti para instruir las actuaciones referidas a la supuesta deserción simple de Ledo». Por ese motivo, dijo que «resultan inentendibles los reproches del juez de instrucción, de no haber justificado la función y tareas del encartado (Milani), que en nada modificarían las imputaciones formuladas».
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