La Cámara de Diputados debatirá el próximo martes en un plenario de comisiones el proyecto de ley denominado de «ficha limpia», que apunta a que las personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos graves y durante el transcurso de cumplimiento de la pena no puedan ser candidatos a cargos electivos.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, presididas por Pablo Tonelli (Pro) y Diego Mestre (UCR), respectivamente, fue convocado para el próximo martes a las 15:00 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, y marcará el reinicio de la actividad parlamentaria luego del receso invernal.
Una iniciativa de este tipo ya había había recibido dictamen de Asuntos Constitucionales (sin la firma del kirchnerismo) en noviembre del 2017, pero nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario.
En la antesala a las elecciones PASO del próximo 11 de agosto, el tema se reactivó a partir de una petición ciudadana que recolectó cerca de 250.000 firmas, las cuales serán recibidas el lunes que viene por Tonelli en el Congreso.
De este modo, el oficialismo buscará poner en agenda el tema de la corrupción en medio de la campaña, y cuando sólo resten cinco días para ir a las urnas.
Hay doce proyectos presentados entre el año pasado y lo que va del 2019 por diputados de distintos bloques (inclusive uno del kirchnerista Martín Doñate), y la idea es avanzar en un dictamen consensuado este mismo martes.
El borrador propone incluir un inciso al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) para fijar la incompatibilidad para postularse a cargos electivos en personas condenadas en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Además, prevé la prohibición de candidaturas para los condenados por exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; fraude en perjuicio de la administración pública; traición y delitos que comprometan la paz y dignidad de la Nación.
La imposibilidad de presentar candidaturas «se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente», especifica el borrador.
El objetivo sería que la iniciativa entre plenamente en vigor para las elecciones del 2021, y no para los comicios que se avecinan este año, para no afectar las reglas de juego en medio del proceso electoral.
En Brasil, una norma de ese tipo fue impulsada por el propio Gobierno del PT y luego se volvió en contra de ese partido de izquierda, ya que impidió que Lula Da Silva pudiera presentarse a competir en las elecciones del año pasado.
Se trata de una iniciativa que ya había generado un fuerte revuelo, y que probablemente vuelva a generar fricciones entre los bloques políticos.
Incluso en sectores del propio oficialismo hay divergencias: por caso, el senador y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, había defendido al riojano Carlos Menem cuando la candidatura a senador nacional por La Rioja estaba en riesgo debido a una condena que pesaba sobre él.
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