Juicio por encubrimiento: La amenaza de Menem por la causa Amia

x000606996-2-turcojpg.jpg.pagespeed.ic.o7jmz6trsnEl ex presidente Carlos Menem pidió este jueves ser relevado del secreto de Estado para poder declarar en el juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA por el que está acusado, pero advirtió que -de hablar- podría afectar “los intereses del Estado argentino” y hasta provocar “el rompimiento de la convivencia pacífica” con otras naciones.

“No es una cuestión genérica, sino que afecta al Estado argentino”, sostuvo el defensor Omar Daer ante el Tribunal Oral Federal 2 al plantear las nulidades del caso al inicio del debate, en el marco de la tercera jornada de audiencias.

Puntualmente, Daer reclamó que el ex presidente sea relevado del “secreto de Estado” para poder declarar en el juicio donde está acusado de encubrimiento de la llamada “pista siria”, pero amenazó con las consecuencias de sus dichos, los cuales, alertó, “podrían afectar los intereses del Estado” argentino y provocar “el rompimiento de la convivencia pacífica” con otras naciones.

Un rato después fue la querella de Memoria Activa la que cuestionó más duramente a ese planteo: “Si Menem sabe algo del atentado y calló durante 21 años, que venga a este juicio y diga lo que sabe por honor a las víctimas como un mínimo resarcimiento”, dijo el abogado Rodrigo Borda.

Como el actual senador Menem no está presente en las audiencias por problemas de salud, se suponía que seguiría las alternativas del debate a través de una videoconferencia.

Incluso se había especulado con que podía prestar declaración indagatoria, algo que aún no era posible porque no se terminaron las cuestiones preliminares.

Lo cierto es que Menem seguiría las alternativas del debate vía coaxil pero hubo problemas técnicos en el edificio y esa conexión estuvo sin servicio.

El ex presidente y ahora senador, de 85 años, se perdió a su abogado lanzando su estrategia: Daer sostuvo que la declaración de Menem en esta causa “podría afectar los intereses del Estado y el rompimiento de la convivencia pacífica” con otros Estados.

Según explicó, tras los atentados a la Embajada y a la AMIA Menem convocó no solo a la SIDE sino también a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Israel y de Brasil, entre otros, para esclarecer esos hechos.

Y por eso, dijo su defensa, su declaración en este proceso implicaría la necesidad de que el Senado lo releve de la obligación de no revelar secretos de Estado.

A la cuestión de la afectación de los secretos de Estado también se sumó la defensa del ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, también acusado y nuevamente internado.

Además, Daer aprovechó para rechazar la acusación contra su cliente: afirmó que lo estaban imputando por un encubrimiento en favor del empresario de origen sirio Alberto Kanoore Edul, cuando nunca fue imputado por la voladura de la mutual judía.

“Tenemos un encubrimiento al que le falta del autor del hecho. Hay una ausencia de responsabilidad de la pista siria. Además tenemos la pista iraní…Si Kanoore Edul hubiera tenido alguna responsabilidad, tendría que estar preso…Pero esa parte se ha omitido”, se quejó.

Y en ese contexto el abogado alegó: “Hay prueba inexistente e insuficiente, estamos en un juicio por cuestiones colaterales y no para tratar de descubrir la verdad sobre el triste atentado” del 18 de julio de 1994, que provocó la muerte de 85 personas.

Tras intentar plantear la nulidad del procesamiento de su cliente -algo que generó el reto del presidente del tribunal, Jorge Gorini-, Daer agregó que, a su criterio, el encubrimiento “está prescripto” y dio por concluida su intervención.

Antes de la intervención de la defensa de Menem, el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia también habían rechazado las acusaciones en su contra, cuestionaron la legitimidad del juicio e impugnaron la validez de la participación de los querellantes en el debate, algo que fue rechazado por esas partes y por el Ministerio Publico.

Galeano planteó la nulidad de su procesamiento por el pago ilegal a Carlos Telleldín, al sostener que ya fue sobreseído por ese delito y se viola la garantía que prohíbe el doble juzgamiento, algo que -sin embargo- había sido rechazado por la Corte Suprema en abril pasado.

Mientras, la defensa oficial de Mullen y Barbaccia cuestionó el papel de los querellantes, lo que generó malestar en los aludidos.

El TOF será el encargado de dirimir estas cuestiones dentro de dos semanas, a principios de septiembre, cuando se reanude el debate.